EN DEFENSA DE UNA SENTENCIA HISTORICA
EN MATERIA DE COSTAS MARITIMAS
(Artículo publicado en el diario Levante 09.11.03)
La ley es
un instrumento de los débiles.
Es una de las primeras cosas que escuché en la facultad de Derecho. Entre el
rico y el pobre, entre el poderoso y el débil, la libertad esclaviza, y la ley
libera, decían. Poco después rellené una encuesta. Preguntaban por qué
queríamos ser abogados, y anoté una ingenuidad: Para luchar contra la
injusticia. Veinticinco años después todo sigue igual, continúo creyendo con la
misma candidez lo que me dijeron: La ley es un instrumento de los débiles. Y
también teniendo la misma visión de la abogacía. Pero la práctica del derecho
tiene campos y campos, y ninguno como el Derecho Administrativo para configurar
un conflicto entre un poderoso y un débil. En este territorio los conflictos
siempre reproducen la lucha de David y Goliath, porque siempre se lucha contra
el aparato Administrativo del Estado, un rival que no sólo es quien fabrica las
normas, sino que dispone de un caudal inagotable de medios técnicos y humanos,
y es, literalmente, un gigante. Frente a ese gigante, el ciudadano que reclama
está solo, y su única arma es la ley, ese instrumento de los débiles.
He tenido suerte en esa batalla, al
conseguir la primera sentencia de la Audiencia Nacional anulando un deslinde de la ley de costas de
1988, y, recientemente, la primera sentencia del Tribunal Supremo confirmando
la anulación de un deslinde.
Está bien y resulta constructivo que un puñado de vecinos haya sido capaz de imponer la razón y la ley, pero parece que la sentencia ha caído mal en determinados círculos, según leo en el Levante de 18.10.03.
El primer descontento, y esto resulta
coherente, es el propio Ministerio de Medio Ambiente, que trata de restar
importancia a la sentencia, sugiriendo la anulación del deslinde de Oliva por
motivos de forma. El profesor de cartografía ambiental Sr. Martínez, afirma que
la sentencia es preocupante, porque por una coma predominan los intereses
particulares sobre los generales. Dudo que el Sr. Martínez haya leído la
sentencia, y no consigo entender cómo ha llegado a decidir que el asunto se ha
ganado por una coma, pero debería descargar la preocupación a toda velocidad,
porque la decisión no se apoya precisamente en cuestiones formales. Si la sentencia
rechaza que un trecho de acera o una carretera asfaltada sean playa, como
pretendía la Administración, no veo que eso sean motivos precisamente de forma,
sino propiamente de fondo. Es decir, que simplemente los vecinos tenían razón,
y la Administración no. Es así de simple y así de rotundo.
Y, ciertamente, han prevalecido los
intereses privados sobre los públicos, lo que no debería ser motivo de sonrojo
en un Estado de derecho. Incluso el propio
Sr. Martínez goza, entre otras cosas, de inviolabilidad de domicilio:
Sus intereses privados prevalecen sobre los públicos, y no solamente nadie se
pone histérico, sino que así debe ser. Lo mismo sucede a los vecinos de la
playa de Oliva, a quienes el Ministerio de Medio Ambiente pretendía introducir
la servidumbre de protección en el interior de sus casas. No puedo entender en
qué se benefician los intereses públicos si los vecinos de Oliva tienen medio
sofá, medio aparador y dos tercios de su cocina incluidos en una servidumbre
pública cuya función es la protección del dominio público evitando nuevas
construcciones.
La decisión judicial tampoco ha gustado al
colectivo ecologista Agró, que al parecer condidera que por el mero hecho de
anular el deslinde, esta sentencia es un ataque a la causa. Bajo mi punto
de vista, hay una diferencia sensible entre luchar por la causa y
hacer ecologismo de salón, es decir, opinar
sin saber, y limitarse a aplicar una doctrina que parece tan compacta y
poco flexible como el mismo hormigón de los especuladores y constructores. En
teoría un deslinde costero es un instrumento para la preservación del medio
natural, pero personalmente he visto pocos casos así. Cuando la playa ya está
urbanizada (como en el caso de Oliva), el deslinde suele servir para invadir la
propiedad privada con dudosísimo beneficio de los intereses públicos. Cuando,
por el contrario, la playa es virgen (Llamémosle así), el deslinde suele ser la
punta de lanza de unas obras de urbanización que incrementan penosamente la
presión sobre la playa. El deslinde de Alcocebre, que conseguí anular junto a
mi compañero Jorge Selma, resultó ser, al menos en parte, un sorprendente e
ilegal montaje para construir un paseo marítimo. El deslinde de Otur, una
hermosa playa virgen en Asturias, que asimismo conseguí anular, era el primer
paso de un llamado plan de ordenación de la playa, que incluía cemento a
mantas, bar- restaurante, y otros servicios. He intervenido en un proyecto de
paseo marítimo en el término de Sueca, que se proyectaba justo sobre un cordón
dunar. He aportado informe de ingeniero con propuesta alternativa de un paseo
marítimo ecológico, de simples módulos de madera que circulen sobre la duna,
adaptándose a ella, y desde luego sin destruirla. La alternativa no fue
aceptada, quizá porque no contenía el suficiente cemento. Así que si Agró
piensa que la Administración de Costas es la salvaguarda de las playas es que
no saben en qué mundo viven.
Personalmente
creo que la mejor forma de proteger las playas vírgenes (llamémosles así) es
mantener alejada a la especie humana, y me aburre el presupuesto intelectual
implícito en la hiperactividad constructiva y cementera de la Administración de
Costas: El de que las cosas valen en la medida en que el homo sapiens puede
aprovecharse de ellas, un residuo persistente de la manía de la Ilustración,
que se empeñó en hacer del hombre la medida de todas las cosas.
No debo consentir que se desprestigie esta
sentencia ni se frivolice con ella. Considero que hay que celebrarla como un
triunfo de la sociedad frente al Estado, y que acredita que los derechos no son
palabra muerta, sino que cuando el ciudadano decide ejercerlos, puede llegar
lejos. Esta sentencia nos enseña que al más solitario de los ciudadanos, si
esgrime con habilidad y razón el arma de la ley, nadie puede toserle, ni
siquiera el aparato del Estado, con su legión incontable de funcionarios,
asesores jurídicos y medios materiales. Y debería entenderse que ahí radica la
grandeza del Estado de derecho. Para este ciudadano, enfrentado al gigante del
Estado, la ley es su arma. La ley es un instrumento de los débiles.
José
Ortega
Ábogado,
colegiado núm. 4941